31 de Enero 2026
Ante los múltiples casos de abuso en el manejo de las pensiones de Adultos Mayores —quienes, por desconocer el uso de tarjetas bancarias, son explotados por familiares o personas que “ofrecen ayuda” para retirar el dinero y los engañan sobre los montos—, el diputado Miguel Trujillo de Ita anunció una propuesta de reforma para frenar estas prácticas.
El legislador del distrito 12 explicó que estos abusos son cometidos principalmente por hijos, nietos u otros familiares. Ellos se apropian de los recursos que el Gobierno Federal entrega para que los adultos mayores puedan cubrir alimentos, medicinas y gastos básicos.
Por ello, propuso reformar el Código Penal del Estado para castigar este tipo de conductas en dos modalidades: abuso financiero y abuso patrimonial.
La iniciativa plantea que la manipulación de la pensión sea considerada como robo de pensiones del Bienestar. Esto permitiría sancionarlo como delito con penas de hasta siete años y medio de prisión.
Trujillo de Ita señaló que es indispensable proteger a los adultos mayores. Además, recalcó la importancia de garantizar que el monto de su pensión no se utilice para resolver problemas económicos de hijos, nietos o parientes.
Actualmente, el Código Penal no contempla sanciones por la apropiación de pensiones o prestaciones de adultos mayores. Tampoco contempla sanciones por la simulación de gestoría de trámites gratuitos, indicó el diputado.
La propuesta incluye adicionar el artículo 407 Ter, para tipificar la apropiación indebida de pensiones y prestaciones de adultos mayores. Sin embargo, no se criminaliza la asesoría legítima ni el cobro razonable de honorarios.
La medida aplicaría a quien disponga, administre o se apropie total o parcialmente de recursos provenientes de pensiones, jubilaciones, prestaciones o apoyos económicos de un adulto mayor.
También se sancionará a quienes simulen la gestión de trámites gratuitos cobrando montos desproporcionados. Para ello, se propone imponer multas de 500 a 2 mil UMAs, equivalentes a 58 mil 655 a 234 mil 620 pesos.
De acuerdo con el artículo 407 Quater, la pena aumentaría hasta la mitad cuando el delito sea cometido por una persona con relación de confianza, parentesco, cuidado, asesoría, representación o gestoría con el adulto mayor. Asimismo, la pena aumentaría cuando los recursos estén destinados a su subsistencia.
Asimismo, se contempla castigar la retención de tarjetas bancarias del adulto mayor y el engaño sobre montos o fechas de cobro.
