9 de Septiembre 2025
Autoridades mexicanas propusieron gravar los videojuegos de contenido violento para contribuir con la estrategia de salud y seguridad del gobierno. Además, buscan financiar el tratamiento de padecimientos derivados de su consumo, informó este martes la secretaría de Hacienda.
La propuesta, que forma parte del proyecto de presupuesto del 2026 presentado el lunes, incluye también la aplicación de impuestos especiales al tabaco y a bebidas azucaradas. Esto fue señalado por el titular del despacho, Édgar Amador.
Los nuevos tributos “se inscriben dentro de la política de salud y de la política de seguridad más que dentro de la política fiscal”. Así lo afirmó el funcionario en una rueda de prensa.
Añadió que responden al criterio de formular un “presupuesto humanista” cuyo alcance vaya “más allá de los números de recaudación y de gasto”.
Impuestos responden al criterio de formular un “presupuesto humanista”
Hacienda no ha detallado aún los criterios para seleccionar los videojuegos afectados, pero adelantó que el tributo será del 8% sobre la prestación de este servicio digital. Con esto, espera recaudar 183 millones de pesos (9.8 millones de dólares) en todo 2026.
Tampoco especificaron el mecanismo que emplearán para la cobranza del impuesto a esta industria. Cabe destacar que sus desarrolladores y proveedores operan principalmente de manera virtual y a través de plataformas electrónicas.
«Estudios recientes han encontrado una relación entre el uso de videojuegos de naturaleza violenta y un nivel más alto de agresión entre los adolescentes. Además, han observado efectos sociales y psicológicos negativos como aislamiento y ansiedad”, señaló Hacienda en la presentación del presupuesto, al exponer las razones del nuevo tributo.
El subsecretario de Ingresos, Carlos Lerma, detalló por su parte que la recaudación esperada apunta a obtener “los recursos suficientes para los efectos de mitigación y remediación de las personas”. Dichas personas son quienes sufran estos padecimientos.
Agregó que estos males afectan a las personas “en una etapa muy temprana de su potencial económico”. Esto reduce sus capacidades de desarrollo y representa “una carga importante a los sistemas de salud”.
El proyecto de presupuesto debe ser debatido y aprobado por el Congreso, para lo cual tiene como fecha límite el 15 de noviembre.
