El Congreso del estado norteño solicitó la revisión de las cuentas por pagos por servicios legales.
5 de Septiembre 2025
El Congreso del estado de Tamaulipas aprobó reabrir y revisar las cuentas públicas correspondientes a la administración del exgobernador panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Se cuestionan pagos de 46.3 millones de pesos a presuntos servicios legales.
La propuesta la presentaron diputados de Morena y el Partido del Trabajo. Ellos buscan que se investiguen las cuentas públicas de los ejercicios 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021, pertenecientes al sexenio de Cabeza de Vaca.
La propuesta se aprobó con 26 votos a favor y seis votos en contra. Los representantes del Partido Acción Nacional (PAN) votaron en contra, señaló el comunicado emitido por Congreso de Tamaulipas.
Esto dice la propuesta de revisión
El diputado por el Partido del Trabajo (PT), Elifa Gómez Lozano, señaló en la exposición de motivos de la iniciativa. Indicó que durante la administración del exgobernador panista se realizó un pago de presuntos servicios legales por 46.3 millones de pesos.
Este pago estaría dirigido a los despachos jurídicos Coello Trejo y Asociados y Accuracy Legal and Consulting, los cuales, señala la propuesta, son propiedad del expresidente Felipe Calderón. Involucra a funcionarios cercanos a él, como Roberto Gil Zuarth y Javier Coello Trejo.
Roberto Gil Zuarth fue secretario particular del expresidente mexicano panista. Por otro lado, Javier Coello Trejo se desempeñó como Procurador General de la República en el sexenio del expresidente José López Portillo.
A Coello Trejo lo señalaron por recibir pagos con recursos públicos. Esto fue debido a su rol como defensa de Cabeza de Vaca. Cabeza de Vaca fue señalado por delitos relacionados con fraude fiscal, delincuencia organizada y lavado de dinero, acusaciones que le valieron una orden de aprehensión en contra.
Gil Zuarth se convirtió en su asesor jurídico de cabecera y defensa en controversias que, de acuerdo con Gómez Lozano, le beneficiaban personalmente.
La instrucción que se hizo a órgano de fiscalización es revisar que los pagos hayan sido sustentados legalmente. Además de verificar la existencia de los contratos entre ambas partes y las condiciones en que fueron realizados.
Así como la “existencia de los entregables que sustenten las erogaciones correspondientes”, dice la propuesta.
