Clara Brugada presentó una política de justicia habitacional que incluye vivienda social, regulación de rentas y apoyo comunitario.
18 de Julio 2025
El gobierno de la Ciudad de México puso en marcha una estrategia integral para enfrentar los efectos negativos de la gentrificación. Estos efectos incluyen el desplazamiento de comunidades y el aumento desmedido en los precios de la vivienda. La propuesta contempla reformas legales, acciones institucionales y convenios con el sector privado.
Entre los puntos principales se encuentra la inversión de 9 mil millones de pesos en vivienda de interés social en zonas céntricas. También se incluye una ley de rentas justas que limite los aumentos al ritmo inflacionario y regule los alquileres de corto plazo en plataformas digitales.
La estrategia también busca frenar la especulación inmobiliaria y fortalecer el arraigo comunitario mediante apoyos a pequeños comercios, oficios tradicionales y negocios locales. Se contempla además la creación de una Defensoría de los Derechos del Inquilino para brindar acompañamiento legal a las personas que rentan vivienda.
Durante la presentación del Bando número 1 de su gestión, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, afirmó que estas medidas representan un proceso estructural y progresivo. Este proceso coloca a las comunidades en el centro de las políticas públicas.
El acto se llevó a cabo en el Palacio del Ayuntamiento ante alcaldes, legisladores y habitantes de colonias como Roma, Condesa y Escandón. Estas comunidades están directamente impactadas por la gentrificación. El documento presentado contempla 14 acciones concretas para evitar el desalojo de familias y negocios tradicionales.
Brugada destacó que esta política posiciona a la capital como referente en América Latina en materia de regulación del mercado de vivienda en zonas de alto desplazamiento. Además, convocó a la ciudadanía, académicos y especialistas a participar en foros y mesas de trabajo para enriquecer esta propuesta.
Funcionarios del gabinete informaron que ya se alcanzaron acuerdos con el sector privado para invertir 10 mil millones de pesos en obra pública. También otros 9 mil millones se invertirán en vivienda social.
