Conseguir vivienda se ha convertido en uno de los grandes problemas sociales de España y el gobierno decidió intervenir nuevamente el mercado con un paquete de medidas que busca limitar determinadas operaciones especulativas y ampliar las opciones para quienes intentan acceder a una casa.
Las nuevas disposiciones abarcan alquiler, compra de primera vivienda, protección de personas vulnerables y determinadas operaciones inmobiliarias.
Uno de los instrumentos contemplados es un esquema de financiación de 10 mil millones de euros destinado a facilitar el acceso a primera vivienda, con préstamos que pueden alcanzar los 50 mil euros bajo determinadas condiciones.
También se establecen medidas para determinadas adquisiciones de inmuebles realizadas muy por debajo de su valor de tasación, especialmente cuando las operaciones puedan estar vinculadas con prácticas especulativas.
La intervención ocurre en un momento en el que ciudades como Madrid, Barcelona, Málaga y otras zonas de alta demanda enfrentan incrementos importantes en los precios de compra y alquiler.
El problema ha afectado especialmente a jóvenes y hogares que, incluso contando con empleo, encuentran cada vez más difícil reunir los recursos necesarios para independizarse.
España intenta ahora combinar regulación, financiación y ampliación de vivienda asequible para responder a una crisis que ya dejó de ser exclusivamente inmobiliaria y se convirtió en un problema social.
