Esta delimitación abarca desde los vapeadores convencionales hasta sistemas análogos que simulen el acto de fumar.
9 de Diciembre 2025
Con 324 votos a favor y 129 en contra, la Cámara de Diputados aprobó en lo general la prohibición total de cigarrillos electrónicos, vapeadores y dispositivos similares en todo el territorio nacional.
La reforma a la Ley General de Salud, impulsada por el Ejecutivo federal bajo la presidencia de Claudia Sheinbaum, busca erradicar el consumo de estos aparatos al considerarlos un riesgo para la salud pública. Especialmente entre niños y jóvenes.
El dictamen, que ahora pasa a discusión en lo particular y al Senado, impone sanciones que incluyen de uno a ocho años de prisión para quienes fabriquen, importen, comercialicen o distribuyan estos productos.
La iniciativa define los dispositivos prohibidos como cualquier sistema mecánico, electrónico o tecnológico destinado a calentar, vaporizar o atomizar sustancias tóxicas, con o sin nicotina. Estas son distintas al tabaco tradicional, que permitan su inhalación por los usuarios.
Esta delimitación, discutida en comisiones previas, abarca desde los vapeadores convencionales hasta sistemas análogos que simulen el acto de fumar.
La medida no solo prohíbe la adquisición, preparación, conservación, producción, mezcla, envasado, transporte, almacenamiento, importación, exportación y suministro de vapeadores. Sino que también prohíbe cualquier forma de publicidad o propaganda para promover su uso. Esto incluye medios impresos, digitales, televisivos, radio u otros canales de comunicación.
Argumentos a favor y en contra de esta reforma
El bloque oficialista, liderado por Morena, defendió el proyecto como una acción para salvaguardar la integridad de las nuevas generaciones.
Sin embargo, la oposición calificó a la reforma de prohibición de vapeadores como una política «prohibicionista y autoritaria». Iraís Reyes, diputada por Movimiento Ciudadano, criticó duramente la reforma, tildándola de «absurda» y contraproducente.
Según Reyes, criminalizar la posesión o compra de vapeadores transforma una conducta de salud pública en un delito penal. Esto ocurre cuando podría resolverse mediante regulaciones en lugar de un veto total.
